Impunidad, crímen social y robo en supermercados

SURda

 

Internacionales/España

Enrique Santiago Romero

Tal y como ha explicado detalladamente el ex Relator de NNUU sobre el Derecho a la alimentación y catedrático de la Universidad de Ginebra, Jean Ziegler, cada cinco segundos, un niño menor de diez años muere de hambre o por sus secuelas inmediatas. Cada cuatro minutos, alguien pierde la vista debido a la falta de vitamina A. Hay casi 1.000 millones de seres humanos gravemente infra alimentados, mutilados por el hambre permanente. Y esto ocurre en un planeta que rebosa de riquezas. Los estudios de las Naciones Unidas (FAO) constata que en el estado actual de desarrollo de las fuerzas agrícolas de producción, el planeta podría alimentar sin problemas a 12.000 millones de seres humanos, es decir, el doble de la población mundial actual. ”Esta masacre cotidiana por el hambre no obedece a ninguna fatalidad. Detrás de cada víctima hay un asesino. El orden mundial actual no sólo es mortífero, además es absurdo. La masacre está instalada en una normalidad inmóvil. La ecuación es simple: quien tiene dinero come y vive. Quién no lo tiene sufre, se convierte en un inválido o muere. No existe la fatalidad. Cualquier muerte por hambre es un asesinato.” (J.Ziegler)
En España, hemos pasado de considerarnos entre las ocho principales economías mundiales y pelear asiento en el G-7, a ser el país de la UE con mayor numero de parados –casi seis millones- y de pobres: doce millones y medio en 2011 (Caritas), de ellos al menos dos millones y medio son menores.
Y si a diario este sistema capitalista de libre mercado en que vivimos viola impunemente el mas sagrado de los derechos de las personas – el derecho a la vida y la integridad personal- , que no ocurrirá con el resto de los derechos económicos y sociales, cuyo incumplimiento también mata, pero más lentamente, mas alevosamente: el derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, a la sanidad, la educación, a disfrutar de un medio ambiente saludable y adecuado..etc. Todos ellos son derechos incumplidos, restringidos, suspendidos o eliminados.
La impunidad se define según NNUU como "la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso la indemnización del daño causado a sus víctimas”.
La impunidad es incompatible con el disfrute de los derechos humanos, la paz, la democratización y la consolidación de un auténtico Estado de Derecho y menos aun de un Estado Social. Tradicionalmente la impunidad se ha manifestado vinculada a graves violaciones de los derechos civiles y políticos, crímenes contra la humanidad que difícilmente podían pasar desapercibidos. Pero la Impunidad alcanza igual de gravemente al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, no siendo perseguidas jamás las violaciones de estos derechos. La globalización de los mercados –incluido el de la comunicación- nos muestra la cotidiana negación de los derechos económicos y sociales y sus consecuencias -el hambre- como algo consustancial al sistema, que afecta a determinadas minorías de “perdedores” que no han sabido adaptarse a un mundo cada vez mas desregulado.
La Constitución Española de 1978 no incluye ninguno de los derechos económicos y sociales básicos para el disfrute efectivo de un desarrollo integral como persona y de una vida digna, entre aquellos susceptibles de ser reclamados mediante recurso de amparo constitucional. Así, la CE se desarma permitiendo en la practica la impunidad, no solo en materia de crímenes de lesa humanidad -crímenes del franquismo- sino también respecto al inmenso crimen contra toda la sociedad que constituye el sistemático incumplimiento de los derechos económicos y sociales sobre los que se asienta el contrato social sustento de los estados democráticos
Ello no significa que no exista una obligación legal que afecta a todas las personas, físicas, jurídicas o administraciones publicas, de respetar, cumplir, garantizar y no impedir el disfrute de los derechos económicos y sociales fundamentales. Aunque nuestra Constitución y el desarrollo legislativo de ella derivado lo haya ignorado con mayor o menor intensidad, los Tratados internacionales suscritos por España se sitúan en el vértice superior del sistema normativo interno, por expreso mandato constitucional precisamente.
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la reciente proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas del Derecho a la Alimentación, pasando por el Pacto Internacional de Derechos económicos y Sociales, en el Derecho Internacional vigente no hay duda de la obligación legal de los estados y agentes no estatales de garantizar y de no impedir el pleno disfrute de todos los derechos económicos y sociales básicos.
En España se asentó hace ya lustros la “cultura de la impunidad ”, y ello a pesar de existir un Poder Judicial que ejerce como tal y un largo brazo persecutor en manos de todos los gobiernos, la Fiscalia.
Es una lección histórica que en aquellos países que, habiendo sido victimas de crímenes contra la humanidad estos han quedado impunes, a continuación el fenómeno de la corrupción ha arraigado tan fuerte en la sociedad que, junto a su aliado natural la economía especulativa, han podido perpetrar el saqueo de la población y de las instituciones, provocando el hundimiento de la economía del país y el consecuente serio deterioro institucional y de la democracia.
Y también es regla cada vez mas general que sin acabar previamente con la impunidad de los graves crímenes de exterminio del adversario político, no hay forma eficaz de acabar con la impunidad de los posteriores crímenes contra la sociedad cometidos por quienes pueden hacerlo, quienes poseen el poder económico y político. Hablamos de defraudaciones masivas, estafas hipotecarias múltiples, usurpación del patrimonio publico mediante privatizaciones , fraudes masivos y millonarios a consumidores y usuarios, usurpación de recursos públicos, prácticas contratistas mafiosas, deuda publica injustificable, mercantilización de derechos sociales etc.
Así ocurrió en Argentina a final del Siglo XX, donde la impunidad de los crímenes de la Dictadura que acabo en 1983 provoco el hundimiento económico, social y político del país, -que llegó a investir Presidentes por semanas- a través de la corrupción, la entrega masiva de los recursos públicos al sector privado y el fraude bancario, todo ello ocurrido ya en democracia. Fueron las leyes contra la impunidad de mitad de la pasada década, respecto a crímenes contra la humanidad, y también respecto a crímenes contra la sociedad, las que permitieron a Argentina arrinconar al viejo régimen y poner en marcha un nuevo proyecto de país.
España, siempre a un ritmo mas lento, viene repitiendo de forma temeraria todos los errores que no hace tanto se cometieron en Argentina y tantos otros lugares, y no porque quienes nos gobiernas sean ignorantes, sino porque son los principales beneficiados por la impunidad. La impunidad es la de aquellos que cometieron crímenes contra la humanidad para exterminar a sus adversarios políticos, y después asentaron el actual marco constitucional. Es la Impunidad de sus hijos, que posteriormente, educados en la cultura de la impunidad en la que crecieron y convencidos de que los poderosos son intocables, cambiaron el Ejercito y la Administración por los MBA, los bancos y las empresas constructoras. Y así vienen perpetrando el grave crimen social que llevamos padeciendo cinco años, sin perspectiva clara de que vaya a dejar de cometerse.
En este contexto y con esta perspectiva, es de agradecer que los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), con su mediática incursión en un par de supermercados, nos hayan recordado que en España y en Andalucía se esta pasando hambre, y que las causas son conocidas. Y es de agradecer que lo hayan hecho a la vez que se ha dado a conocer la ultima Memoria de la Administración Tributaria donde se indica que el 80% de lo recaudado en impuesto sobre la renta en este país procede de los ingresos de los trabajadores, que declaran de media ingresos de 20.000.- € año, mientras que la medida de ingresos declarada por profesionales y empresarios son 8.000.- € año.
Con el Código Penal en la mano, la incursión del SAT puede llegar a constituir un delito, y este si, no quedará en la impunidad. Esperemos que una buena defensa jurídica pueda conseguir penas leves o absoluciones. Respecto a las inconmensurables cifras del fraude fiscal es obvio, no hay duda, de que estamos ante un gravísimo delito, uno mas, un robo multimillonario a toda la sociedad, respecto al cual – como respecto a los demás crímenes sociales que se cometen a diario- ni el Ministerio de Interior, ni el de Justicia, ni la Fiscalia, consideran necesario abrir diligencias de investigación en Agosto. De momento, este crimen esta impune. Para el Gobierno, la incursión del SAT en Marcadona si amerita la apertura de diligencias urgentes.
La deslegitimación del Gobierno y del Estado para dar lecciones de ética jurídica, sobre robos y otros latrocinios mas sofisticados y masivos, es evidente. Y esto debería preocupar a cualquier gobierno que se hiciera llamar democrático, esa deslegitimación de unas instituciones rebosadas por la impunidad de los poderosos.
Izquierda Unida no ha aprobado ninguna campaña de expropiaciones de alimentos en supermercados, por lo que no es jurídicamente responsable de los hechos sucedidos estos días en Andalucía. Pero Izquierda Unida si es consciente responsable, políticamente hablando, de esos hechos, porque son evidente consecuencia del discurso que esa fuerza política viene manteniendo desde hace años, mas claramente si cabe desde el agravamiento de la actual “crisis”. Izquierda Unida acordó en su ultimo Consejo Político Federal adentrarse en la vía de la desobediencia civil, no para generar el caos, sino todo lo contrario, precisamente para contribuir a atajar el caos provocado por la desregulación sistemática de derechos. Para frenar y confrontar eficazmente el actual desmantelamiento de los pilares del estado social y de la democracia que se está llevando a cabo impunemente.
Ante unas instituciones que se amparan en la supuesta falta de capacidad del estado para acabar con los crímenes sociales masivos que estamos padeciendo, los ciudadanos tienen derecho a anteponer y crear otra institucionalidad que salvaguarde el estado social y de derecho. ¿O acaso alguien en su sano juicio esta dispuesto a que le usurpen el patrimonio vital que ha conseguido para sí y para sus descendientes, con la excusa de la imprescindible utilización de los derechos sociales como combustible de la economía?. El Estado cada día tiene menos legitimación para exigir el cumplimiento de los códigos de convivencia cuando estos fueron hechos añicos hace tiempo por mercados, transnacionales y bancos. Ellos rompieron las reglas del juego, no los jornaleros del SAT
Es evidente que Izquierda Unida va a apoyar y defender políticamente al SAT y a cualquier otro colectivo que ponga en evidencia la privación de derechos fundamentales de las personas y trabaje para garantizar los derechos vulnerados, recordándonos así que la Constitución en vigor establece que la propiedad privada siempre estará sometida al interés general. A finales del 2012, en España no es creíble presentar como un atentado contra la convivencia y el orden constitucional llevarse unos carros con alimentos básicos de unos supermercados, propiedad de empresas con millonarios beneficios, para entregárselo a familias con graves necesidades sociales.
Si el Gobierno quiere seguir por el camino de la criminalizaciòn ejemplarizante de estas actuaciones de desobediencia civil, se equivocara, y probablemente acabara teniendo que hacer frente a mayor, si cabe, conflictividad social. El pueblo español ha sabido perdonar los crímenes padecidos en el pasado, si ello era en aras de un futuro en paz, libertad y con bienestar. Pero ni este ni ningún pueblo permite ni perdona los graves y masivos crímenes sobre sus hijos que hoy se están cometiendo impunemente y, al menos, con la pasividad de los gobernantes. La obligación de cualquier gobierno es combatir eficazmente la Impunidad, toda la impunidad.
Enrique Santiago Romero es abogado y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de IU

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=154390